Siete de cada 10 niños viven en la pobreza en la Argentina. Ese es el dramático escenario social que configuran las últimas estimaciones de Unicef para el país, que comprende a aquellos menores de 18 años cuyos hogares no alcanzan el umbral mínimo de recursos económicos (pobreza monetaria) o cuyo entorno de vida los priva del ejercicio de un derecho básico, como hábitat (vivienda, baño, acceso al agua), educación o salud, entre otros (pobreza no monetaria).

Se trata de un universo estimado en 8,6 millones de chicos y adolescentes, de acuerdo con las proyecciones de Unicef para el segundo semestre de 2023, en el que comprende a la pobreza por recursos económicos (57,5%) y a la pobreza por privación de derechos (43%).

 

Al combinar ambos universos, la organización determina que existe un 31% de menores de 18 años en la Argentina que son pobres en ambas dimensiones de forma simultánea. Se trata del segmento crítico de la pobreza estructural, que comprende a 3,8 millones de chicos.

La evolución de la serie que elabora Unicef muestra que mientras la pobreza no monetaria en los últimos años registra un lento, pero paulatino descenso, que cruza gobiernos y se vincula con políticas públicas e inversión en infraestructura, vivienda (acceso a agua y cloacas), salud o educación, el deterioro macroeconómico tuvo como consecuencia un acelerado crecimiento de la pobreza y la indigencia, que ya involucran a más de siete millones y dos millones de menores en cada caso.

“La explicación tiene que ver con el estancamiento económico del país, la situación social y el empeoramiento del mercado de trabajo. La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios, los registrados y, fundamentalmente, los no registrados”, explicó el economista Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, al analizar el deterioro social del país, quien advierte por el efecto negativo de la aceleración inflacionaria del final de 2023.

Según las estimaciones de Unicef, utilizando datos de la EPH del Indec (tercer trimestre) y proyecciones estadísticas en base a la inflación, la indigencia infantil creció cinco puntos porcentuales en el segundo semestre del año pasado (pasó de 14,3% a 19,4%), lo cual implicó que estadísticamente cayeron en la indigencia 643.000 niños.

 

Los números del informe presentado por la agencia de Naciones Unidas especializada en infancia y adolescencia, que está presente en más de 190 países en todo el mundo, registran que las variables monetarias empeoran desde 2017, con impacto negativo por la pandemia y la aceleración inflacionaria.

En números, la tendencia muestra que desde ese año hasta hoy la pobreza monetaria infantil creció 17,4 puntos porcentuales (pasó del 40,1% al segundo semestre de 2017 al 57,5% actual), mientras que la indigencia se duplicó (pasó del 7,9% al 19,4% estimado para la segunda mitad del año pasado). “Es la primera vez que vemos un incremento estadístico muy importante en la indigencia”, advirtió Waisgrais.

A su vez, los especialistas de Unicef indican que, más allá del promedio, existen segmentos de la población con mayores vulnerabilidades y disparidades en diferentes grupos.

 

En el caso de su entorno de residencia, plantean que la pobreza infantil entre los argentinos que viven en barrios populares y asentamientos es del 84%. También existen brechas en materia de género (63,5% de pobreza infantil entre niñas, 50,8% en los varones) o en cuanto al nivel educativo: mientras que la pobreza infantil en hogares con clima educativo bajo (los adultos no alcanzaron al menos siete años de escolarización) es del 83%, en el nivel educativo “muy alto” es de apenas el 13,7%.

 

También es especialmente significativa la condición laboral de los referentes del hogar. Cuando el referente del hogar es un asalariado no formal, la tasa de pobreza informal es del 75%, indica Unicef. “Pero uno podría decir que con el trabajo no alcanza. Porque incluso en hogares donde los padres tienen un trabajo formal, la pobreza infantil es del 36%”, completó Waisgrais.

 

“Es fiscalmente viable implementar políticas que permitan erradicar el hambre en la Argentina. Los chicos son los que más sufren la crisis y hay que garantizar los recursos para ese segmento”, agregó el economista. Según estimaciones de Unicef, tomando los datos de del Indec del tercer trimestre (el umbral de indigencia y el ingreso medio de la población indigente), destinar alrededor de 0,25% del PBI en este segmento. La AUH, por caso, representa un 0,34% del PBI.

 

El ajuste sobre la política social

 

El recorte en el gasto del sector público en partidas destinadas a niñez y adolescencia es una tendencia que se verifica en los últimos años, y se profundizó en 2024. Así lo muestran los números del gasto analizado por Unicef, que refleja que el devengado para este segmento en 2023 registró una caída interanual de 10 puntos porcentuales con respecto a 2022. En otros términos, pasó de representar un 22% del PBI al 19,5% del PBI en un año.

 

Sin presupuesto formal en 2024, el Gobierno decidió prorrogar el de 2023, pero sin actualizar las partidas, lo cual deriva en un fuerte ajuste de los fondos habilitados para diferentes rubros, entre los que se incluyen los programas destinados a la niñez.

 

“El crédito vigente se redujo de un equivalente del 19,5% del PBI en 2023 al 5,3% en 2024. En términos reales, es una caída del presupuesto del 74,1%”, detalla Waisgrais, y advierte: “Si no hay una ampliación presupuestaria, obviamente existe riesgo de disminución de la cobertura o la prestación en las políticas que se destinan a niñez y adolescencia”.

 

En efecto, el análisis de Unicef muestra que aun con crédito vigente habilitado, en febrero habían tenido nula ejecución presupuestaria partidas sensibles como el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes o en comedores escolares. Al mismo tiempo, hasta la primera semana de marzo ya se había ejecutado el 46% del crédito vigente correspondiente a la AUH.

 

En este contexto, el planteo de Unicef es el de ampliar esas partidas. “El crecimiento económico sostenido es condición indispensable para revertir esta situación. En 2023 tuvimos el mismo PBI per cápita que en 2007. Argentina no crece hace 11 años, y hasta que esto ocurra, tenemos que priorizar el presupuesto nacional dirigido a niñez, y en particular, las políticas de protección de ingresos”, enfatizó Waisgrais.

 

Los números de la AUH describen este recorrido. Medido a precios constantes de 2023, esta asignación era equivalente a $39.457 en noviembre de 2009, pero había caído a $20.661 a finales de 2023. En otras palabras, en casi 14 años había perdido la mitad de su poder adquisitivo, y cayó durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner al menor valor real desde su creación.

 

La decisión del Gobierno de duplicar en términos nominales el monto de este programa revirtió parte de esta caída, pero retomó una tendencia negativa por la persistente inflación. “El problema si no hay nuevos incrementos es que la canasta básica aumenta mucho más que los ingresos y el valor de estas prestaciones”, concluyó Waisgrais.